Tras más de 14 años de conflicto, el Real Madrid ha recibido hoy, por fin, el espaldarazo definitivo a las tesis sostenidas durante este tiempo sobre la legalidad del convenio de regularización con el Ayuntamiento de Madrid para la permuta del terreno de la zona de Plaza de Castilla donde estaba la vieja Ciudad Deportiva entre el club y el consistorio, para la construcción de las conocidas como «Cuatro Torres».
Unas tesis que defendían que nunca hubo trato de favor por parte de las autoridades municipales en esta ambiciosa operación urbanística y que tiran por tierra la decisión por la cual la Comisión Europea condenó en 2016 al Real Madrid a devolver al Ayuntamiento de Madrid en torno a 20 millones de euros.
Bruselas argumentó entonces que dichos terrenos se habían sobrevalorado en 18,4 millones, lo que otorgaba al Real Madrid “una ventaja injustificada» frente a otros clubes. Y esta decisión vino inexplicablemente avalada por un informe que la propia Comisión encargó a un estudio de arquitectura de Barcelona.
Todo comenzó a finales de los años 90, en concreto en 1998, cuando el Ayuntamiento y el Real Madrid lograron un acuerdo por el cual el consistorio madrileño se comprometía a a entregar al Real Madrid la parcela B-32 en Las Tablas. Una operación que, finalmente, no pudo llevarse a cabo debido a una reforma de la Ley del Suelo llevada a cabo en 2001.
En 2011, ambas partes acordaron una compensación, que se formalizaría con la permuta de tres parcelas en Carabanchel, Chamartín y Valdebebas, cuyo valor equivaldría al del terreno que no pudo adquirirse.
El problema está en que en 2016 la Unión Europea, y en concreto su Comisión, declaró ilegal esa operación y condenó al club a devolver los citados 20 millones. Una decisión instigada desde el propio Ayuntamiento, especialmente desde las filas de Más Madrid y, más concretamente, por el edil del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, uno de los más entusiastas en celebrar aquella decisión europea, vendiéndolo además como un éxito político.
Pues bien, tras varios años de litigio que, entre otras cosas, encontraron el reconocimiento al Real Madrid de la legalidad de dicha operación inmobiliaria por parte del TJUE en 2019 y la pertinaz negativa de la Comisión Europea a la devolución del dinero, la propia Comisión ha variado su opinión y ha accedido a devolver dichas cantidades.
Por último, decir que el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha confirmado que procederá a la devolución de esos 20,3 millones de euros (más los intereses correspondientes) a la mayor brevedad posible.
«Ha habido pronunciamientos de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son claros al respecto. Procederemos al pago con los intereses correspondientes”, afirmó Martínez-Almeida.
Además, el regidor madrileño ha culpado al ejecutivo municipal de Manuela Carmena por exigir el pago en su día de aquel dinero sin esperar al final de las actuaciones judiciales, por lo que el importe será bastante superior al inicialmente adeudado, aunque no dio cifras oficiales.
«El Ayuntamiento de Carmena decidió exigirle el cobro de esta cantidad al Real Madrid, sin esperar a que concluyeran las actuaciones lo que ha encarecido la factura final», agregó el alcalde de Madrid.
Comunicado oficial del Real Madrid
El Real Madrid C. F. quiere manifestar su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea, que determina que el convenio de regularización suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 «no constituye ayuda de Estado«, por lo que concluye que han quedado debidamente resueltas las dudas que motivaron la incoación del expediente.
La Comisión Europea reconoce en su decisión final que no se otorgó ningún trato de favor ni ayuda alguna al Real Madrid.
La Comisión Europea reconoce expresamente que la compensación establecida en el convenio de 2011 era la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento de Madrid de resolver el incumplimiento que había soportado nuestro club durante más de una década. Dicha compensación se estableció ante la imposibilidad sobrevenida de la entrega de la parcela B-32, ubicada en Las Tablas, al Real Madrid, que era un compromiso proveniente del convenio de 1998.
La Comisión Europea reconoce también que la valoración de la citada parcela B-32 de Las Tablas, incluida en el convenio de 2011, conforme la metodología catastral y los criterios de valoración de la normativa aplicable, era la correcta, resultando erróneo el sistema de valoración que la comisión encomendó a un estudio de arquitectura de Barcelona, que sirvió de base para la decisión condenatoria inicial de 2016. Todas las valoraciones de tasadoras independientes aportadas por el Real Madrid y la de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda coinciden con la valoración establecida por los técnicos municipales en el Convenio de 2011.
Asimismo, la Comisión Europea declara que el Ayuntamiento de Madrid recabó todos los informes técnicos necesarios (jurídicos, económicos y urbanísticos) para la suscripción del convenio de 2011, como hubiera hecho cualquier otro operador privado en condiciones de mercado.
Nuestro club solicitará de forma inmediata la devolución de los 20,3 millones de euros ingresados al Ayuntamiento de Madrid en el año 2016, más los intereses de demora que procedan, conforme la legislación aplicable, al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años.
La resolución final de este proceso vuelve a acreditar, una vez más, que la gestión del Real Madrid se realiza bajo los principios de transparencia, integridad y honestidad, valores esenciales que rigen todas las actuaciones del club.
